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SALVAR LA VACA SAGRADA

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ALEJANDRO BENÍTEZ GUERRA,
estudiante de primer año de Periodismo,
Facultad de Comunicación,
Universidad de La Habana.

 
Se entiende por matarife a la persona que trabaja en un matadero. En nuestro país, le llamamos así a quienes ilegalmente matan animales para comerciar su carne en el mercado negro. Los ganaderos de Holguín, Villa Clara y Cienfuegos los conocen bien: la actividad delictiva de hurto y sacrificio de ganado mayor en esas tres provincias costó la pérdida de 2 553 cabezas de ganado en el primer cuatrimestre del año.

Las autoridades cada  vez los conocen mejor, a nivel nacional, de enero a abril de 2015, han ocurrido 1 159 delitos de este tipo menos que en igual período del año pasado. Sin embargo, según Roberto León, director del Centro de Control Pecuario (CENCOP), el número sigue siendo alto: 7 233 casos.

Durante el período especial, el Decreto 191 de septiembre de 1994, y sus reglamentaciones complementarias, dictaminaron ilícita la  comercialización de este tipo de carne en los agromercados. El producto solo podía –y aún puede- obtenerse en las tiendas a un precio en divisas superior al que la mayoría de los cubanos puede permitirse.

La inexistente oferta ante la latente demanda, unida a la desorganización de los ganaderos –quienes no poseen el adecuado control de la cantidad de animales que tienen-, abrió las puertas al aumento del hurto y sacrificio ilegal, para vender la carne en el mercado negro. Esto ha costado la pérdida de miles de cabezas de ganado anualmente a un país que todavía tiene que importar parte de la leche que consume, a un precio que ronda los 5 000 dólares la tonelada.

Varias han sido las causas que permitieron que durante años este delito proliferara a sus anchas. La deficiente vigilancia de los propietarios, tanto estatales como particulares –aunque sean estos últimos los más perjudicados-, y el descontrol de la masa ganadera, son dos de los más importantes.

No todos los terneros que nacen son inscritos al CENCOP, ni todos los animales que son robados y sacrificados se notifican a las autoridades, ya que ello supondría una multa para el propietario.

Ante esta situación, se duplicaron los límites máximos y mínimos para el que incurra en el delito de matar y robar ganado mayor, y se aumentaron las sanciones para todo aquel que venda, transporte o comercie el producto obtenido por esta vía.

Según el artículo 240 del Código Penal, modificado en 1999, se le sancionará con una pena de 4 a 10 años de privación de libertad, a todo aquel que, “sin autorización previa del órgano estatal específicamente facultado para ello, sacrifique ganado mayor”, y condenas de entre 3 a 8 años de prisión al que venda, transporte o comercie con esta carne.

La puesta en funcionamiento de brigadas campesinas, y una mayor eficiencia de la autoridad, han dado como resultado una disminución desde el 2007 de este tipo de delitos, lo que unido al aumento de los nacimientos, no solo ha frenado el decrecimiento de la masa ganadera, sino que ha propiciado su crecimiento, el cual deberá acelerarse en los próximos años, para beneficio de la economía.

Aquí, nuestras vacas son sagradas.



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